La empresa Electricaribe aseguró que la presunta incidencia fiscal, por $12.543 millones establecida por la Contraloría General de la República, corresponde a diversos proyectos Prone suspendidos por oposición de la comunidad y otros Faer que no lograron finalizarse por el incumplimiento de los entes territoriales  de su obligación de aportar  las  servidumbres o lotes necesarios para la ejecución de las obras. Esto último, no obstante haberse obligado a ello expresamente ante el Ministerio de Minas y Energía al momento de la asignación de los recursos.

De esta manera, la empresa respondió  al informe de auditoría recientemente publicado por el ente fiscal.

Al respecto, señaló, los contratos suscritos con el Ministerio de Minas y Energía para la ejecución de las obras, señalan expresamente que “no serán causales de incumplimiento atribuible al operador de red los retrasos en que incurran las Entidades Territoriales para la obtención de las servidumbres en caso que se requieran, así como las obligaciones relativas a la adecuación de la red de alumbrado público y su retiro, planes de mitigación ambiental a su cargo y las originadas por razones de orden público o por imposibilidad en el desarrollo de las obras atribuibles a la oposición de la comunidad…”

Asegura que la empresa “realizó innumerables esfuerzos y vinculó a las distintas autoridades del orden nacional y territorial, con el fin de superar los obstáculos que afectaban la ejecución de las obras. En tal sentido, se realizaron diferentes reuniones con participación de la Procuraduría General de la Nación, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Entes Territoriales y Ministerio de Minas y Energía; así mismo, solicitó el concurso de la Procuraduría General de la Nación  y  realizó importantes acciones de gestión social con las comunidades.  Igualmente la misma  Contraloría General de la República, producto de anteriores ejercicios de control, venía siguiendo las acciones ejecutadas dentro de los planes de mejoramiento, para remover tales obstáculos; no obstante lo cual, se mantuvo tanto el incumplimiento de los entes territoriales como la oposición de algunas comunidades al proceso de normalización con los sistemas de medición centralizados definidos en el proyecto aprobado por el Ministerio de Minas y Energía, hecho que se ha informado de manera recurrente al Ministerio”.

Esto último, recalcó, constituye el aspecto central de oposición de la comunidad dado el  mayor control que representa el uso de tal tecnología sobre el impago y la normalización del ciclo comercial.

En lo que respecta a los recursos, Electricaribe precisó que demostró ante la Contraloría General de la República la inversión asociada a tales proyectos, tanto en porcentaje de obras ejecutadas, como en materiales; y -en todo caso- acreditó la existencia de pólizas de seguros que amparan los mismos. “Por lo tanto, dichos recursos, ya fueron ejecutados en las obras o están representados en materiales, con el debido respaldo de pólizas de seguro”.  

En las obras Prone suspendidas por oposición de la comunidad, añadió, los avances de obra acreditados  tienen un efecto sobre la disminución de los riesgos eléctricos, dado el carácter subnormal de la red, pese a haberse impedido la culminación de los proyectos por situaciones ajenas a Electricaribe. 

“Cabe aclarar que los recursos asociados a estas obras se manejan a través de Encargos Fiduciarios con destinación exclusiva a los fines de los respectivos proyectos. Por lo tanto, no forman unidad de caja con los recursos de la empresa”. 

Sobre la vigencia de los convenios, destacó que con excepción del convenio de 2008 ya liquidado y el correspondiente al año 2012 en proceso de liquidación dentro del plazo legal, el resto de los contratos de los años 2011, 2013 y 2014 se encuentran en ejecución de conformidad con los plazos contractuales.

“Reiteramos que la gestión de Electricaribe se encuentra asociada a más de $446.103.3 millones, en ejecución de recursos Prone y Faer representados en proyectos de normalización de redes y de confiabilidad eléctrica que demanda el concurso de autoridades, Ministerio de Minas y Energía y usuarios. Con dicha gestión se ha logrado beneficiar -hasta la fecha- a más de 73.249 usuarios y en procura de incrementar este objetivo,  la  compañía tiene comprometidos  sus esfuerzos. Electricaribe reconoce la importancia de la labor del ente de control y reitera su disposición de colaborar con la misma y seguir cumpliendo los planes de mejoramiento, pero considera que su actuación debe valorar la gestión que se requiere de terceros para lograr los fines de los proyectos, contribuyendo así con la solución de la problemática, en beneficio de la comunidad”, puntualizó.